El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó en 2003 y modificó en 2015, dictando uno nuevo, el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). La finalidad de dicho Plan era evaluar los riesgos de inundación y gestionar -desde la óptica urbanística y de infraestructuras- la prevención y evitación de dichos riesgos y sus daños.
Lo cierto es que en las obras acordadas después de la famosa Riada de 1957 en Valencia sólo se ejecutaron las más importantes del “Plan Sur” (que ciertamente han evitado las inundaciones de Valencia ciudad por la DANA).
Sin embargo, no se ejecutaron las de prevención, encauzamiento correcto y embalsamiento suficiente de la huerta sur o huerta Albufera de Valencia. Por eso, en toda esa zona o comarca hay graves riesgos de inundación.
El aumento masivo de las corrientes de agua por los barrancos del Poyo (el más importante), el Pozalet o la Saleta, es la causa de las inundaciones que han sufrido los vecinos de esta comarca.
Los daños han sido tremendos. Más de doscientos muertos, varios miles de vehículos y viviendas dañados gravemente. Como también los locales de negocio de todo tipo, naves industriales y los centros educativos. La inundación ha llenado las poblaciones de barro, restos vegetales y escombros.
También ha conllevado la privación de suministro de electricidad, gas, agua potable, telefonía… La totalidad de vías públicas atascadas incluso hasta dos y tres alturas y los garajes inundados de agua y lodo. Privación total de alimentos, medicinas, ropa, documentos personales y familiares. Centros asistenciales, educativos y demás de servicios públicos y generales destruidos o inutilizados…
La pésima situación de los más de veinte municipios afectados (los de la comarca, Utiel y Chiva) está necesitando unas labores de restauración de la viabilidad, limpieza y asistencia a los vecinos enormes.
La catástrofe ha sido la gran causa de la prestación de servicios por miles de voluntarios -valencianos y de toda España- y la movilización de miles de militares, policías, bomberos, personal sanitario y guardias civiles
Como perjuicio añadido se ha producido -sobre todo en el horario nocturno- el saqueo y pillaje de domicilios, comercios y empresas, con detención por la Policía y Guardia Civil de los autores de estos delitos.
Hay un concepto bastante arraigado en la opinión pública de que estos perjuicios por las catástrofes climáticas deben ser objeto de reparaciones económicas y de responsabilidades administrativas y políticas.
Pero también resulta evidente que deben prevenirse eficazmente estos desastres.
Esta prevención va a exigir un nuevo planeamiento urbanístico más eficaz en lo preventivo de los riesgos de inundación (aunque limiten el enriquecimiento de la especulación urbanística), pero también un óptimo sistema de alerta de los riesgos de lluvias torrenciales.
