El Real Decreto-Ley de reactivación de la Justicia.

En el BOE de 29 de abril de 2020 se ha publicado el controvertido Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Digo controvertido porque ha sido muy criticado por colectivos profesionales, críticas, a mi entender, demasiado acerbas para unas soluciones que por ser extremas, como es normal en circunstancias excepcionales, chocan con intereses personales o de distintos colectivos que forzosamente no coinciden con el interés general. Sí que me parece criticable, y con razón el que el Gobierno no haya dialogado las medidas con colectivos afectados, experimentados y expertos como son las corporaciones colegiales de Abogados y Procuradores que tienen carácter administrativo-público; pues, parece, que tan solo ha tenido en cuenta las indicaciones -por otra parte muy valiosas- del Consejo General del Poder Judicial. Pero las medidas -en sí mismas- no son desproporcionadas o irrazonables, aunque obviamente son discutibles y criticables, con mayor o menor razón.

Así, por ejemplo, la medida excepcional de habilitar el mes de agosto (excepto del día 1 al 11) ha sido objeto de críticas encendidas, lo cual es lógico, pues a todos nos incomoda quedarnos sin vacaciones (o verlas limitadas a la primera decena de agosto), pero es una medida razonable después de unos meses de forzosa suspensión de la actividad judicial y de la esperada y presumible avalancha de nuevos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales.

Importante determinación es la del artículo 2 del Real Decreto-Ley respecto de los plazos procesales «suspendidos e interrumpidos» por la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma, ya que les da la solución técnica jurídica a la interrupción de los plazos y es que comiencen a contar de nuevo, corrigiendo así la inseguridad generada con la imprecisión terminológica del Real Decreto 463/2020 y en el sentido más favorable a la tutela judicial.

En el mismo sentido se establecen otras medidas ampliatorias para el cómputo de los plazos para formular recursos contra las sentencias y demás resoluciones que pongan fin al proceso y que hayan notificado durante la vigencia del estado de alarma y su suspensión de procedimientos o en los veinte días siguientes a su alzamiento, plazos que se entenderán ampliados por un plazo igual al previsto en las normas procesales del orden jurisdiccional correspondiente para anunciar, preparar, formalizar o interponer el recurso procedente (de los que se exceptúan aquellos procesos cuyos plazos estaban a su vez exceptuados de la suspensión).

También tienen carácter ampliatorio las disposiciones relativas a los concursos de acreedores y otras cuestiones mercantiles y societarias en las que se amplían los plazos para diversas actuaciones como instar la declaración de concurso, solicitar la apertura de la fase de liquidación, formular nuevo convenio concursal, acuerdo de refinanciación o renegociar el acordado, y semejantes, estableciéndose una moratoria  hasta el 31 de diciembre de 2020 para la solicitud y admisión a trámite de la declaración de concurso de acreedores, así como para el deber de solicitarlo para el deudor que esté en estado de insolvencia.

Otras importantes innovaciones que introduce el Real Decreto-Ley es que se establecen unos procedimientos especiales sumarios urgentes en materia de familia (para el restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida alterados por la declaración de estado de alarma y sus incidencias, la revisión de las medidas definitivas en cargas del matrimonio, pensiones y alimentos, y las revisión de  las obligaciones prestar alimentos entre parientes con causa en las alteraciones producidas por la pandemia). La impugnación de los ERTES se remite a la modalidad procesal del conflicto colectivo, y se declaran de tramitación preferente los expedientes de jurisdicción voluntaria y los procedimientos civiles, contencioso-administrativos, sociales, relacionados con las medidas de la declaración del estado de alarma y comenzados a tramitar a partir del Real Decreto de declaración y hasta el 31 de diciembre de 2020 y hasta el 14 de marzo de 2021 diversos incidentes concursales y especialidades relativas a la enajenación de la masa activa en los concursos declarados en ese mismo lapso temporal.

Finalmente se disponen el Real Decreto-Ley medidas organizativas y tecnológicas disponiendo que -en paralelo a las limitaciones a las actuaciones presenciales (para las se excusa el uso la toga)- podrán ser utilizados medios informáticos y telemáticos para la celebración de todos los actos procesales, y se establece asimismo jornada de mañana y tarde hasta tres meses después de levantarse el estado de alarma y movilidad en el personal al servicio de la Administración de Justicia, previendo la especialización de los órganos jurisdiccionales de prevista nueva creación, pero pendientes de entrada en funcionamiento, en órganos de dedicación exclusiva a «procedimientos asociados al COVID-19».

También se amplían los plazos en el ámbito del Registro Civil, se demora la entrada en vigor de la mayor parte de las normas de la Ley del Registro Civil de 2011 hasta el 30 de abril de 2021 y se modifica la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 en cuanto a la presentación de ofertas, selección, adjudicación y formalización de contratos mediante procedimiento abierto simplificado. Como medidas complementarias urgentes en materia económica y social se adoptan varias modificaciones de los Reales Decretos-Leyes de abril de 2020 en lo atinente a trabajadores por cuenta propias y a lineas de aval para arrendatarios en situación de vulnerabilidad por la pandemia.

Tras esta sucinta reseña de lo esencial del Real Decreto-Ley creo que debo hacer una valoración de esta norma de urgencia, por su propia naturaleza como tal Decreto-Ley, aunque pudiéramos considerarla casi de «emergencia».

Dado este carácter de urgencia, para cubrir las graves situaciones en que la crisis del coronavirus ha situado a la Administración de Justicia, el juicio de valor tiene que ser forzosamente benigno. Parece que, de manera evidente, se trata de unas medidas provisorias que, según vayan siendo implementadas, tendrán necesariamente que ser modificadas, especialmente en cuanto a la práctica de actuaciones procesales por vía telemática.

Este avance tecnológico en una Administración de Justicia netamente retrasada en la era digital -mucho más que en otros sectores de la actividad- va a implicar un esfuerzo de las Administraciones competentes (Estado y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la materia), pero también en los colectivos profesionales afectados.

Probablemente esta sea la ocasión de incorporar la Justicia a la revolución digital del siglo XXI, como todas las revoluciones será dolorosa y bastantes personas de mentalidad y actitudes poco fluidas se quedarán por el camino, pero la Historia y la técnica tienen que seguir su camino.

Un último comentario es que probablemente los plazos y periodos de reincorporación a la nueva normalidad tendrán que ser prorrogados, pues la avalancha de procedimientos -habituales acumulados durante la suspensión y nuevos generados por la pandemia, sus medidas de contención y la crisis económica subsiguiente- exigirán unos plazos transitorios más largos con toda probabilidad.

Artículo original publicado en el blog de Expansión «Y de leyes qué?» de Mariano Ayuso.

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