Las alteraciones de orden público de los días pasados nos hace plantearnos si el conjunto de instituciones que garantizan la eficacia del sistema legal (juzgados y tribunales, ministerio fiscal, prisiones, policía y otros cuerpos de seguridad) realizan un verdadero servicio a toda la colectividad o solo al grupo o clase dominante, vistas las críticas que padecen por incluso algunos políticos con responsabilidades de gobierno.
Mi respuesta, consciente y meditada, es que las instituciones al servicio del sistema legal realizan un verdadero servicio a toda la colectividad (incluso al de los que están en contra de ese sistema constitucional y legal, e incluso participan o alientan esas alteraciones), como corresponde al Estado de Derecho que indudablemente es España.
Me explico. Los mismos que protestan vehementemente contra decisiones administrativas o políticas, incluso contra numerosos aspectos del ordenamiento jurídico y constitucional se benefician del sistema legal y de las instituciones que lo sirven.
Por centrarnos en lo que aparentemente es el núcleo de las protestas actuales: el que los juzgados y tribunales castiguen con penas, incluso de prisión, manifestaciones de una libertad de expresión (discutible cuando supone apología del terrorismo o insultos o amenazas a otros ciudadanos o colectivos), y que las fuerzas de seguridad repriman con medios violentos los disturbios callejeros (incluso saqueos, pillajes y destrucción de bienes públicos y culturales) es una garantía de protección y un beneficio para los mismos que se sienten reprimidos.
Parece una paradoja, pero no es así. Pensemos que si el sistema legal, y quienes lo sirven, no castigaran con penas -siempre moderadas en tiempos actuales- y tras un procedimiento judicial con todas las garantías y presunción de inocencia, habría un riesgo elevado de retornar a la venganza privada (al “ojo por ojo y diente por diente”) con la escalada de violencia y la injusticia que siempre conlleva la ciega venganza. Recordemos las desproporcionadas reacciones de algunos integristas religiosos contras ofensas periodisticas a sus creencias, verdadero terrorismo. Probablemente si el sistema legal del país donde se produjeron hubiera ofrecido alguna respuesta legal a esas ofensas (quizás simplemente una acción civil de protección de la imagen o los sentimientos religiosos, no necesariamente una condena penal con prisión), se podrían haber evitado esas venganzas privadas. El sistema legal proporciona unas posibilidades de reacción pacífica a los ofendidos, obviamente en términos de justicia proporcional y adecuada a las sensibilidades actuales, evitando así las posibles venganzas privadas.
Igualmente sucede con la utilización de medios violentos por los servidores del sistema legal para restaurar el orden o hacer cumplir las decisiones gubernativas o judiciales (“compulsión sobre las personas” en términos jurídico-administrativos), si el sistema legal y sus servidores no emplearan medios violentos -pero siempre, en tiempos actuales, proporcionados y respetuosos con la dignidad e integridad de los ciudadanos- la violencia podría ser catastrófica e implicar una escalada de violencia de incalculables consecuencias. Pensemos en los recientes disturbios en Barcelona, Madrid o Valencia; si las fuerzas del orden no hubieran intervenido para intentar poner coto a los desmanes, hubieran tenido los propios ciudadanos que intervenir -con sus propios medios o contratando fuerzas de seguridad privadas- para defender su seguridad y propiedades. Obviamente, comoquiera que los propietarios y empresas suelen tener más medios al alcance de sus posibiilidades, si los ciudadanos no delegaran en las fuerzas públicas de seguridad la restauración del orden y se protegieran con medios propios, como mínimo armas de caza y personal de seguridad privada, y frente a grupos muy violentos y saqueadores, quizás armamento militar y tropas mercenarias, como se ha podido ver en estados fallidos, sin una organización estatal que ejerciera el monopolio de la fuerza.
En resumen, el sistema legal y todo el aparato a su servicio garantizan -en un Estado de Derecho como el nuestro- los derechos y libertades de todos, incluso los de quienes lo cuestionan e intentan subvertirlo violentamente. Incluso puede decirse que estos son los más beneficiados, pues la respuesta del sistema legal es siempre mucho más proporcionada y moderada (y respetuosa con los derechos fundamentales) que la venganza privada y la defensa propia colectiva.
Artículo original publicado en el blog de Expansión “Y de leyes, ¿que?”
