La alarmante Orden ministerial autorizando la ocupación de viviendas privadas

En esta compleja y confinada Semana Santa de 2020, ha tenido especial impacto en la opinión pública un punto (artículo 4º.3) de la Orden ministerial de 9 de abril de 2020 por el que parece autorizarse la ocupación temporal de viviendas de propiedad privada para alojar colectivos vulnerables, sin previsión de ningún trámite expropiatorio o similar.

Para ser exactos, lo que establece el artículo 4º de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, («por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19«) es un régimen de ayudas para proporcionar una solución habitacional inmediata a esos colectivos (víctimas de la violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables que así sean consideradas por las servicios sociales de la Comunidad o Ciudad Autónoma y no dispongan de una vivienda en propiedad o usufructo, sin hacer ninguna referencia explícita  a la crisis económica y social producida por la pandemia del coronavirus).

Las ayudas, que serán gestionadas por la Comunidad o Ciudad Autónoma o Administraciones locales, podrán consistir en una «solución habitacional» o en una ayuda económica para pagar el alquiler de hasta 600 euros al mes o el total de la renta (ampliable hasta 900 euros al mes, por un plazo de cinco años).

En la «solución habitacional» es donde se plantea el conflicto, pues consiste en primer término en que la Comunidad o Ciudad Autónoma ponga a disposición del beneficiario el alquiler, cesión de uso o análogo una vivienda de titularidad pública o que -aun siendo de titularidad privada haya sido cedida para su uso a una Administración pública. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda -y aquí viene el punto conflictivo- «la ayuda podra aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes«.

Resulta alarmante -y es lógico- para los propietarios de inmuebles, pues aunque nada se dice de que la cesión de la vivienda o dotación residencial haya de ser gratuita, tampoco se precisa en qué van a consistir «los mismos regímenes» ni hay una  previsión de contrato u otro acto jurídico (en pricipio negociado), ni regulación administrativa o civil de la atribución del inmueble, salvo la genérica expresión «susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias», con lo que parece que se está legitimando la «okupación» de inmuebles vacíos. Obviamente la Orden ministerial ni tiene esa finalidad, ni podría tenerla, en un Estado de Derecho como es España.

Lo primero que debo afirmar es que me parece totalmente plausible el regular aspectos positivos de la función social de la propiedad -que se establece constitucionalmente en el apartado segundo del artículo 33 de la Constitución-, como es el de la atribución de un aprovechamiento social de las viviendas vacías para dar cumplimiento al derecho -también constitucional- a una vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la Constitución), pero eso ha de hacerse en un contexto asimismo constitucional y legal.

En ese orden de cosas, hay que recordar que el apartado tercero del mismo artículo 33 de la Constitución establece que «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

Esta previsión constitucional, la existencia y vigencia de la Ley de Expropiación Forzosa (y dentro de ésta, las ocupaciones temporales) y la doctrina del Tribunal Constitucional, imponen considerar que la previsión del artículo 4º.3 de la Orden de de 9 de abril de 2020 no puede llevarse a cabo sin la tramitación de un expediente de expropiación forzosa, en el que la Orden ocupará la posición jurídica de la declaración de utilidad pública o interés social, pero la Administración autonómica tendrá que tramitar la necesidad de ocupación del bien inmueble concreto y seguir los trámites -al menos- del procedimiento de urgencia. Y, naturalmente, procederá el abono del justiprecio que sea fijado.

En el caso de que no se procediera de esta manera, el propietario mantendría todas las acciones legales contra la ocupación ilegal y, además, la importante acción de responsabilidad patrimonial, respecto de todos los perjuicios que se le hubieran podido producir.

Como juicio crítico de la oportunidad y corrección jurídica de la Orden de 11 de abril de 2020, no tengo más remedio que señalar que no se encuentra dentro de las técnicas de buena regulación, pues utiliza una norma con el rango de Orden ministerial para introducir medidas para las que sería más correcto utilizar la fórmula del Real Decreto-Ley (que se está utilizando abundantemente, como es lógico en un momento tan crítico y urgente) o como mínimo el Real Decreto, ya que la Orden está modificando sustancialmente el Real Decreto 106/2018 (aunque lo autoriza la disposición final 10º el Real Decreto-Ley 11/2020, es una técnica normativa que genera confusión y dificultades sistemáticas).  Creo, además, que la Orden tiene un defecto de oportunidad y es que, en un momento tan crítico y sensible para la opinión pública, ha generado una alarma social que se hubiera podido evitar introduciendo en el precepto una simple mención al respeto de los derechos de la propiedad. Pero vaya desde aquí un mensaje de tranquilidad, aunque debamos mantener la vigilancia del respeto a nuestros derechos.

Artículo original publicado en el Blog de Expansión «Y de leyes qué» de Mariano Ayuso.

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