La inmediata activación de la Justicia en la desescalada

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, de prórroga del Estado de Alarma deroga, con efectos del próximo   4 de junio, la suspensión de la mayor parte de las actividades judiciales acordadas en la declaración del Estado de Alarma, por la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Esto supone el final de la inactividad judicial durante estos meses (inactividad relativa, pues las excepciones a la suspensión de plazos han sido bastante amplias y en numerosos órganos judiciales los jueces y magistrados han seguido dictando resoluciones finales -Autos o sentencias- para evitar el atasco en las listas de asuntos pendientes de resolución) y a partir del 5 de junio se reanudarán lo procedimientos suspendidos.

Los términos concretos en los que se reanudarán los procedimientos ya los dejé expuestos en el post de este mismo blog del pasado 8 de mayo al comentar el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales frente al COVID-19, y que implican -en suma y en lo más importante- que los plazos suspendidos e interrumpidos (nunca se ha decantado el Gobierno en sus Reales Decretos y Decretos-Leyes si fue técnicamente una suspensión o una interrupción, aunque los efectos finalmente han sido los propios de una interrupción para los plazos procesales) comenzarán a correr de nuevo en su integridad, excepto los pertinentes para recurrir sentencias u otras resoluciones que pongan fin al procedimiento notificadas durante la suspensión de los procedimientos (como ya he dicho antes, durante la suspensión los jueces y magistrados han seguido dictando sentencias y otras resoluciones finales) o en los veinte días siguientes, pues esos plazos para recurrir (en sentido amplio, comprensivos tanto de la interposición, como de la preparación, anuncio y similares) se amplían por un plazo igual al de la duración legal de ese plazo.

Los plazos que no sean para recurrir -por ejemplo, el plazo para contestar la demanda en los órdenes civil y social, el plazo para formalizar la demanda tras el traslado del expediente- comenzarán a correr de nuevo en su integridad y por su lapso legal no ampliado el 5 de junio de 2020.

Además del levantamiento de la suspensión de los plazos procesales judiciales, también  se alza en el Real Decreto 537/2020 la suspensión de los procedimientos administrativos y los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, el día 1 de junio los procedimientos administrativos y el 4 de junio los de prescripción y caducidad. Para estos plazos administrativos el que se reanude el cómputo o se reinicie,  lo deja abierto el Real Decreto 537/2020 remitiéndose a las normas con rango de ley dictadas durante el Estado de Alarma y para lo plazos de prescripción y caducidad simplemente dice que se alza la suspensión. en futuros post volveré sobre este tema, tomando en consideración la reciente Instrucción de 28 de mayo de 2020 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

La reanudación de los procedimientos no supone el abandono de las precauciones y medidas de contención de la pandemia, pues, conforme al citado Real Decreto-Ley 16/2020. habrá de mantenerse en las sedes y actuaciones judiciales las medidas de prevención y utilizarse los medios telemáticos para los procedimientos judiciales, lo cual no plantea problemas en cuanto al uso del correo y sedes electrónicas, pero plantea severas preocupaciones en cuanto a lo juicios y otras actuaciones por vídeo conferencia. Al paso de esta preocupación ha salido la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, al aprobar el 27 de mayo de 2020 una Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas.

En unos meses podremos observar sus resultados.

 

Artículo original publicado por Mariano Ayuso en su blog de Expansión «Y de leyes qué?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll to top