Marco jurídico de los nuevos pactos de la Moncloa

Se habla mucho de la necesidad y oportunidad de unos nuevos «pactos de la Moncloa», como los que en 1977 permitieron la recuperación económica y la consolidación  de la democracia en aquella convulsa España de la transición.

No voy a comenzar este post con la narración completa de la gestación y contenido de los pactos de la Moncloa, pero para comprender la posibilidad de su reedición en 2020 es precisa una sucinta referencia a su historia.

España presentaba un sombrío panorama de 1977: una inflación descontrolada (27 %), un desempleo creciente,  una atominación política tras las elecciones generales de 1977, sin una mayoría parlamentaria absoluta, con un terrorismo incontrolado y la tensión de un importante amenza involucionista (que culminaría con el frustrado golpe del 23F). Los pactos de la Moncloa fueron fruto de un consenso político entre todas las fuerzas políticas parlamentarias, así como de los sindicatos mayoritarios, y plasmaron  en dos acuerdos (Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política), que produjeron la estabilización de la economía y del proyecto político que culminó con la Constitución de 1978 actualmente vigente, la reducción de la atomización política (esencialmente por fusión de unos partidos y desaparición de otros) y la alternancia de mayorías parlamentarias.

Actualmente la situación es muy distinta, consolidada la democracia,integrados en la Unión Europea desde hace más de treinta años, alcanzada un desarrollo económico sin precedentes, desaparecido el terrorismo y aventada cualquier amenaza involucionista, pero tenemos otros problemas -sin embargo- muy graves (una recesión económica brutal y global en ciernes, un paro creciente con una probable pérdida de empleo desproporcionada, una fragmentación política si precedentes y la tensión independentista en importantes zonas del Estado,  todo ello producido o agravado por la pandemia del coronavirus) que aconsejan unos nuevos pactos de la totalidad de fuerzas políticas y sociales.

¿Será esto factible? Indudablemente es factible, pues la capacidad de llegar a acuerdos de las personas es enorme (eso lo vimos en 1977, con antagonistas hasta meses antes enfrentados en posiciones que parecían irreconciliables) y es, además,   inversamente proporcional a la amenaza que se experimenta. Y ésta  ahora es muy grande, probablemente la mayor amenaza mundial desde la última gran guerra.

Pero sentado que es posible y que es necesario un pacto de todas políticas y sociales, tratamos de analizar su posibilidad jurídica. Para ello debemos primero definir -o, al menos, intuir- el alcance de los pactos.

Parece que lo más perentorio y urgente es garantizar un nivel de vida digno a todos los españoles, lo que es tanto como generar un nivel de empleo suficiente con un nivel de ingresos familiares asimismo suficiente, para lo que es necesaria una reactivación económica pronta y decisiva y esto va a precisar de una inyección financiera a las empresas y autónomos, así como de una reforma fiscal inteligente y orientada a esa reactivación. Pero mientras se genera el sufiente nivel de empleo de cierta calidad será necesaria la tan debatida renta mínima vital, que quizás deba prolongarse indefinidamente para evitar núcleos de exclusión y garantizar el consumo interno.

El problema jurídico que esto plantea es grave, pues estas políticas van a producir necesariamente elevados endeudamiento y déficit. Aquí tenemos un escollo doble: las limitaciones que puedan venirnos desde la Unión Europea y nuestra limitación constitucional por el artículo 135 de la Constitución (en la redacción dada por la reforma de 27 de septiembre de 2011).

En lo que respecta a la Unión Europea el escollo es salvable con negociación dentro de la UE, en la que el estado económico financiero del resto de la Unión va a favorecernos en soluciones flexibles respecto del endeudamiento y déficit, incluso con lineas de crédito a bajo o ningún interés. Pero soslayar nuestro principio y limitación constitucional y las leyes de estabilidad presupuestaria puede  ser que precise de una Ley Orgánica  (rango que tiene la norma que desarrolla el artículo 135 de la Constitución), aunque todo podría soslayarse -en último extremo- por la cláusula de salvaguarda que se contiene en propio artículo 135 de la Constitución y en Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, y que supone la permisión de extralimitarse en caso de catástrofes, recesión económica y situaciones de emergencia extraordinaria. Pero para aplicar esta cláusula hace falta acuerdo por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Los acuerdos de la parte digamos política-social parece que deben encaminarse -en estos amenazados por la pandemia y el desempleo- hacia pactos de política social para incorporar a la plenitud de sus derechos económicos y sociales (vivienda, educación, sanidad) a las personas en riesgo de exclusión social, pero también es necesario un nuevo modelo político (en el que habría que incluir, probablemente, una reforma institucional reequilibrando los poderes del Estado y una reforma del sistema electoral) y un nuevo modelo territorial (con reparto claro y definido en el texto constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, planteándose claramente si va a ser un Estado federal al modo de países federales de nuestro entorno y si hay derecho de separación de la federación y con qué requisitos).

En suma, unos pactos de Estado que abran paso a una reforma constitucional, como en 1977, y ésta es su viabilidad jurídica, en la que todo pueda ser discutido, quizás -por la necesaria estabilidad y continuidad- con la sola exclusión de la forma de gobierno (la monarquía parlamentaria) y la pertenencia a la Unión Europea.

Artículo original publicado en el Blog de Expansión «Y de leyes qué» de Mariano Ayuso.

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