El artículo 17 de la Ley para la Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), en el que se crea la figura particular del Proyecto de Inversión Estratégica Sostenible, da cobertura normativa a la interesante posibilidad de generar en el ámbito valenciano una instalación o conjunto de fabricación y producción de elementos informáticos, los habitualmente conocidos como microchips.
La institución del Proyecto de Inversión Estratégica Sostenible es muy interesante en orden a la potenciación de este tipo de previsiones, pues aunque lo esencial de su regulación en el artículo 17 de la LOTUP es “prima facie” la de ser incardinable en la congruencia con la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y ser compatible con la infraestructura verde, debiendo cumplir con la normativa sectorial que la regula, lo cierto es que para tener la relevancia que para el proyecto exige el artículo 17, el proyecto tiene que dirigirse a implementar actuaciones que contribuyan a mejorar la competitividad territorial, la reconversión de sectores económicos, el desarrollo y la innovación tecnológicos, la cooperación entre agentes económicos, la atracción de talentos y otras acciones recogidas en el artículo 17, LOTUP.
Ciertamente el Proyecto de Inversión Estratégica Sostenible puede suponer la base urbanística legal para fundar el muy atractivo planteamiento de una entidad con forma, como previene el propio artículo 17 LOTUP, de sociedad pública, privada o mixta con titularidad de varias parcelas, que pueden integrar -de estimarse necesario o conveniente- varios polígonos terciarios o industriales, así como el carácter supramunicipal y dedicados totalmente a la actividad empresarial del diseño y fabricación de microchips con la gran competitividad que atribuiría a la industria española -con extensión a la europea en gran medida- el sector automovilístico, informático o electrónico.
La aprobación de un Proyecto de Inversión Estratégica Sostenible va a exigir, como presupuesto administrativo, su formulación ante la Generalitat Valenciana, con participación de las Consellerias competentes en materia territorial, industrial y económica, la intervención de los municipios afectados y un estudio ambiental estratégico muy participativo y con el análisis exhaustivo de su efecto positivo en la igualdad de género y creación de empleo.
