El Consell de la Generalitat Valenciana está elaborando un Plan de Reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana, objeto actualmente de un plan de recuperación, que dará lugar al plan de reconstrucción que se presentará en junio de este año, para lo que se calcula un coste de casi dieciocho mil millones de euros.
El verdadero problema no es tanto la suma total de la inversión necesaria para la reconstrucción, ya que una vez aprobados los presupuestos de la Generalitat Valenciana está legalmente prevista. El problema real se encuentra en la previsión y adaptación de las infraestructuras y el urbanismo de los municipios afectados a las posibles lluvias torrenciales futuras.
La previsión y el planeamiento urbanístico en octubre de 2024 ya demostraron su ineficacia y los resultados catastróficos con la Dana del 29 de octubre y eso que estaba en vigor, desde hacía varios años en este territorio, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).
Pero lo cierto es que ni en la ejecución de obras públicas, ni en la concesión de licencias y aprobación de planes y proyectos locales, se tuvieron en cuenta las previsiones y declaraciones de riesgos de inundación en todo el ámbito geográfico en el que se produjo la catástrofe climática de 2024.
Tras la ineficacia de las previsiones del PATRICOVA -tanto en la realización de las obras hidráulicas, como en la actividad y programación urbanística en este territorio- y su escasa aplicación a la actividad administrativa y empresarial de los últimos años, se impone la realización y aprobación de nuevos instrumentos de planeamiento urbanístico que tengan en cuenta y prevengan eficazmente las nuevas lluvias desproporcionadas y torrenciales.
Estas nuevas previsiones territoriales y urbanísticas es necesario que se incorporen -al menos como actividad normativa y administrativa de planeamiento- en el Plan de Reconstrucción que esperamos para junio de 2025, como vacuna jurídica para evitar las futuras catástrofes.
